Incapacidad y discapacidad

A menudo, los conceptos de incapacidad y discapacidad causan confusión y se usan como sinónimos, cuando no lo son. Estos términos, en España, están definidos por diferentes marcos legales y conceptuales y pueden llevar a diferentes ayudas y compensaciones. En este artículo te explicamos brevemente a qué se refiere y qué implica cada uno de ellos.

Incapacidad

Este término queda referido al ámbito laboral y hace referencia a las restricciones o la imposibilidad de una persona para llevar a cabo un trabajo concreto. Esta limitación se debe a una enfermedad o lesión que merma las capacidades del individuo para desarrollar correctamente su profesión.

En nuestro contexto laboral, la autoridad encargada de reconocer y evaluar la incapacidad laboral es el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS). En consecuencia, es el Estado quien asume la responsabilidad de llevar a cabo la determinación de la incapacidad laboral de los individuos y, en su caso, los beneficios que estos pueden percibir.

La incapacidad se mide en grados, de acuerdo con unos baremos. Estos van desde la incapacidad temporal a la permanente, según si el trabajador no puede realizar su trabajo por un período corto, o si nunca podrá volver a desarrollarlo con normalidad.

Incapacidad parcial.
Incapacidad total.
Incapacidad absoluta.
Gran invalidez.

Como hemos dicho, el Estado valorará el grado de incapacidad y los beneficios y prestaciones que el trabajador puede recibir. La incapacidad lleva aparejada una prestación económica, normalmente mensual, según la gravedad de su incapacitación.

Discapacidad

A diferencia de la incapacidad, la discapacidad no está circunscrita al ámbito laboral. Este término hace referencia a las limitaciones de una persona a realizar sus actividades diarias, debido a una condición de salud física, mental, intelectual o sensorial mermada.

En el caso de la discapacidad, la normativa y regulación correspondiente se encuentra bajo la competencia de cada comunidad autónoma. Específicamente, dichas regulaciones son gestionadas a través de los respectivos departamentos de asuntos sociales.

La evaluación de la discapacidad también es diferente con respecto a la incapacidad. Mientras que la incapacidad se mide en grados, la discapacidad se determina con porcentajes:

Por debajo del 33%
Entre el 33% y el 64%
A partir del 65%

De nuevo, el grado de discapacidad establecido por los órganos competentes determinará las prestaciones y beneficios que el individuo pueda obtener. Cuando hablamos de discapacidad, las ayudas no son exclusivamente pecuniarias, sino que pueden variar en diferentes ámbitos:

Nivel fiscal: reducciones de impuestos, por ejemplo.
Nivel social: descuentos universitarios, en el transporte público, etc.
Nivel laboral: muchas empresas tienen una visión más abierta a la diversidad y contratarán a personas con discapacidad. Además, el Real Decreto 27/2000, de 14 de enero exige a aquellas empresas con una plantilla superior a los 50 empleados que deben asegurar que al menos un 2% de sus trabajadores sean personas con discapacidad.

En el caso de que la discapacidad supere el 65%, los individuos sí pueden solicitar una pensión no contributiva.

La OMS estima que unos 1300 millones de personas sufren algún tipo de discapacidad importante. Aproximadamente, esto equivale a 1 de cada 6 personas alrededor del mundo. Además, alertan de que se enfrentan a numerosas inequidades sanitarias para el acceso a recursos adecuados dadas sus capacidades. La OMS trabaja para orientar y apoyar a los Estados Miembros y conseguir que personas con discapacidad puedan alcanzar el grado máximo de salud posible.

Incapacidad y discapacidad e inclusión social

La inclusión social, en su esencia, es la creación de un entorno en el que todas las personas, independientemente de sus capacidades, género, raza u orientación sexual, puedan participar plenamente y disfrutar de los mismos derechos y oportunidades.

La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de las Naciones Unidas (2006) impulsa un enfoque de derechos que busca garantizar la inclusión y equidad de las personas con discapacidad en todos los ámbitos de la sociedad.

La lucha por la inclusión social es un esfuerzo colectivo que involucra a gobiernos, organizaciones y a cada individuo en la sociedad. Es una lucha continua para conseguir los derechos básicos de las personas con discapacidad:

Igualdad y no discriminación.
Respeto de la dignidad, autonomía individual, y la independencia.
Participación e inclusión plenas y efectivas en la sociedad.
El respeto por la diferencia y la aceptación de las personas.
La igualdad de oportunidades.
La accesibilidad en todos sus ámbitos.
Respeto a la evolución de las facultades de los niños y niñas con discapacidad y su derecho a preservar su identidad.

Conclusiones

Como hemos podido comprobar, las diferencias entre incapacitación y discapacidad son notables. La legislación, los procedimientos, la evaluación y los beneficios de cada una pueden variar según el territorio y el grado, y pueden resultar complicados. Es imperativo contar con un conocimiento profundo de estas diferencias conceptuales y marcos regulatorios, para cumplimentar correctamente los trámites y que no caduquen los plazos.

Nuestros abogados especializados en la materia pueden asesoraros y acompañaros durante todo el procedimiento. Os guiarán para tomar decisiones informadas, asegurando así el bienestar y los derechos de vuestros familiares y allegados. También contamos con la participación de Guardian Invicta, una asociación sin ánimo de lucro para la tutela de nuestros mayores. Estamos comprometidos en allanar el camino hacia la protección y la equidad.

Contacta con nosotros si consideras que podemos ayudarte. Estamos aquí para guiar a nuestros clientes a través de los desafíos que presentan la incapacidad y discapacidad en el contexto legal y social actual.