El pasado mes de noviembre, la Comisaria de Derechos Humanos del Consejo de Europa, Dunja Mijatovic, y su equipo, visitaron España con el objetivo de evaluar la protección de los derechos humanos básicos en nuestro país. En abril de este año se publicó el informe con las conclusiones de la Comisaria. La evaluación se centraba en áreas de derechos humanos fundamentales como el derecho a la vivienda y a la salud, derechos de libertad de expresión y de reunión, y los derechos para refugiados, solicitantes de asilo e inmigrantes. En esta publicación analizamos los resultados del estudio orientados específicamente al mercado de vivienda en España.
La grave crisis del mercado de vivienda en España
El informe, que puedes consultar aquí en inglés, alerta de los altos precios de la vivienda y, especialmente, de los alquileres, el cual “supera con mucho” el incremento del poder adquisitivo de los ciudadanos españoles. Esto se manifiesta en el elevado porcentaje que las familias dedican a pagar el alquiler: en un 40% de los hogares, deben destinar más del 40% de sus ingresos a pagar el alquiler. Es un porcentaje muy superior a la media europea que se sitúa alrededor del 20% de los ingresos.
Estos datos coinciden con los informes emitidos por el Banco de España, que estableció en mayo de este año que la situación de vivienda en el país es uno de los grandes problemas estructurales de nuestra economía. Preocupantemente, la institución también alerta de que, debido a los altos precios del alquiler y el IPC y el estancamiento de los salarios, casi la mitad de las personas que viven de alquiler están en riesgo de pobreza, una media también muy superior al porcentaje medio de la Unión Europea. Esto implica que, para muchos hogares, perder el trabajo o un aumento de la renta mensual puede llevarlos a una situación crítica.
El informe incluye otras conclusiones en materia de vivienda, atribuyendo la escasez de vivienda social a la escasa inversión pública de “sucesivos gobiernos”, el hecho de que las desigualdades afectan en especial a sectores vulnerables como los jóvenes, familias con hijos, los mayores y personas con ingresos bajos.
Reformas perentorias en el mercado de vivienda
El informe constata que hay una “necesidad urgente” de más vivienda social y accesible. Se consideró que la Nueva Ley de Vivienda, la Ley 12/2023, de 24 de mayo, por el derecho a la vivienda, atajaría en parte la problemática, aunque con la disolución de las Cortes Generales y convocación de nuevas elecciones está por ver si se derogan algunos de los artículos de esta normativa.
Otra de las recomendaciones principales de la Comisionada es la coordinación y cooperación real entre administraciones a diferentes niveles, incluyendo una implicación activa por parte de comunidades y ayuntamientos para tratar de forma integral el problema de la vivienda.
El cambio de Omega Patrimonial
Desde Omega Patrimonial somos muy conscientes de las dificultades a las que se enfrentan algunos de los sectores más vulnerables de la sociedad, en especial los más jóvenes y las personas mayores. Por un lado, la edad de emancipación es cada vez más tardía, y por el otro, un preocupante porcentaje de mayores no dispone de una vivienda digna adaptada a sus necesidades psicomotoras y de movilidad. Por ello, nuestra propuesta es atacar a la vez los problemas de ambos sectores ofreciendo viviendas asequibles y de precio competitivo.
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